POLITICA. Desde el 13 de agosto, las provincias pueden adherir al protocolo nacional para bloquear celulares en cárceles

La medida quedó formalizada con la publicación, el 13 de agosto de 2026, de la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que modifica el procedimiento vigente y establece las condiciones para que el mecanismo pueda aplicarse en establecimientos penitenciarios provinciales.

La resolución establece que las empresas de telefonía deberán bloquear los dispositivos detectados dentro de las áreas de detención y sectores restringidos de los establecimientos alcanzados, una vez que se cumpla el procedimiento previsto.

El sistema contempla el bloqueo de tres elementos vinculados al teléfono: el IMEI, que identifica físicamente al equipo; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica correspondiente.

No habrá un bloqueo automático en todas las cárceles

La nueva normativa no implica que, desde el 13 de agosto, todos los teléfonos celulares de las cárceles provinciales queden bloqueados automáticamente.

Para aplicar el mecanismo, cada provincia deberá adherir al protocolo nacional. Además, los pedidos de bloqueo no podrán ser realizados directamente por cada jurisdicción ante las compañías telefónicas.

Según el procedimiento establecido, las solicitudes deberán canalizarse a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el encargado de comunicar los pedidos a las empresas prestadoras.

Un sistema que ya funciona en las cárceles federales

El Gobierno nacional ya había puesto en marcha el sistema en los establecimientos penitenciarios federales.

En abril de 2026, mediante la Resolución 336/2026, el Ministerio de Seguridad autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos destinados a detectar y bloquear equipos móviles dentro de las unidades penitenciarias.

El objetivo oficial es impedir que las personas privadas de su libertad utilicen teléfonos celulares para mantener comunicaciones vinculadas con actividades delictivas, como extorsiones, estafas o la coordinación de maniobras criminales desde el interior de los penales.

La normativa también establece que la tecnología utilizada debe procurar que el bloqueo no afecte las áreas exteriores de los establecimientos penitenciarios.

El antecedente de Mendoza

La incorporación de las cárceles provinciales al mecanismo tuvo, entre sus antecedentes, un pedido formulado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante ENACOM.

La provincia planteó la necesidad de contar con una herramienta específica que permitiera bloquear los teléfonos detectados dentro de sus establecimientos penitenciarios.

A partir de ese planteo y de las reuniones mantenidas entre autoridades provinciales y nacionales, se estableció el procedimiento que ahora permite a las distintas jurisdicciones adherir al protocolo.

¿Qué significa la medida?

En términos concretos, Nación habilitó el mecanismo, pero la aplicación en las cárceles provinciales dependerá de cada jurisdicción.

Las provincias que quieran implementar el sistema deberán adherir al protocolo nacional y, posteriormente, canalizar los pedidos de bloqueo mediante el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Por lo tanto, la publicación de la Resolución 734/2026 el 13 de agosto no significa que todos los celulares de todas las cárceles provinciales hayan quedado bloqueados, sino que desde esa fecha las jurisdicciones cuentan con un procedimiento nacional al que pueden incorporarse.

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