POLITICA. Después de 20 años, AySA vuelve a manos privadas por US$340 millones

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) volverá a estar bajo control privado, luego de que el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentara la oferta más alta en el proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

La propuesta fue de US$340,2 millones por el 90% de las acciones de AySA que pertenecen al Estado nacional. La otra oferta económica fue presentada por el grupo Roggio, por US$285 millones.

El proceso contempla además un esquema de inversiones y expansión del servicio. El futuro operador deberá afrontar más de US$2.000 millones de inversiones durante los primeros cinco años, destinadas a obras vinculadas con agua potable, cloacas y ampliación de la cobertura.

De Aguas Argentinas a AySA

Para entender el regreso de AySA al sector privado hay que retroceder más de tres décadas.

En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, el Estado nacional otorgó la concesión de los servicios de agua potable y desagües cloacales a Aguas Argentinas S.A., mediante un contrato por 30 años.

La empresa tenía entre sus accionistas al grupo francés Suez y quedó a cargo de la prestación del servicio en buena parte del área metropolitana de Buenos Aires.

Con el paso de los años, la concesión quedó atravesada por cuestionamientos y conflictos entre la empresa y el Estado en torno al cumplimiento de las obligaciones contractuales, las inversiones y la prestación del servicio.

La decisión de Néstor Kirchner

El 21 de marzo de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno nacional decidió rescindir el contrato de concesión con Aguas Argentinas.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 303/2006, que dispuso la rescisión del contrato y la reasunción transitoria por parte del Estado de la operación y prestación de los servicios.

Pocos días después, mediante el Decreto 304/2006, se constituyó Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) como la empresa encargada de continuar con la prestación de los servicios. El nuevo esquema mantuvo además al personal de la antigua concesionaria.

De esta manera, AySA quedó bajo control estatal y comenzó una etapa que se extendería durante aproximadamente 20 años.

Dos décadas bajo control estatal

Desde su creación en 2006, AySA permaneció como una empresa de mayoría estatal. El Estado nacional mantuvo el 90% del capital social, mientras que el 10% restante corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

La situación comenzó a cambiar con la aprobación de la Ley Bases durante el gobierno de Javier Milei, que incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización.

En julio de 2025, el Gobierno autorizó formalmente el procedimiento para avanzar con la privatización de la compañía. El esquema contempló la transferencia de al menos el 51% de las acciones estatales a un operador estratégico y la posibilidad de vender el remanente mediante mercados y bolsas del país.

Finalmente, el proceso avanzó hacia la licitación internacional que culminó este jueves con la apertura de las ofertas económicas.

Qué cambia ahora

La operación implica que el 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional pasará al sector privado, mientras que el 10% correspondiente al Programa de Propiedad Participada continuará en manos de los trabajadores.

El nuevo operador tendrá compromisos de inversión, expansión y calidad del servicio establecidos en el proceso de privatización. Entre los objetivos se encuentra avanzar en obras para ampliar y mejorar las redes de agua potable y cloacas.

Así, 20 años después de la decisión de Néstor Kirchner de poner fin a la concesión de Aguas Argentinas y crear AySA, la empresa vuelve a atravesar un cambio de modelo: del control estatal a una nueva etapa de operación privada.