22 de octubre de 2026

CAMPO

CAMPO. Diputados aprobó el proyecto contra el vandalismo rural: las penas podrían llegar a 10 años de prisión

La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. Propone incorporar nuevas figuras al Código Penal para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños contra cultivos, silobolsas, ganado e infraestructura productiva. El proyecto pasó al Senado para su tratamiento.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el miércoles 21 de octubre un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra el vandalismo rural, una problemática que afecta a productores agropecuarios y que tiene especial relevancia para las economías del interior del país.

La iniciativa recibió 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, y ahora deberá ser tratada por el Senado para continuar con el trámite legislativo.

El proyecto fue impulsado por el diputado nacional del PRO Martín Ardohain y establece modificaciones al Código Penal para contemplar específicamente los daños contra bienes vinculados con la producción agropecuaria, además del ingreso no autorizado a establecimientos rurales.

Qué conductas contempla el proyecto

Entre los bienes alcanzados por las nuevas disposiciones se encuentran los silobolsas, los granos almacenados, los cultivos, las plantaciones, el ganado, los forrajes y distintos elementos de la infraestructura rural.

También se incluyen instalaciones y recursos esenciales para la actividad productiva, como alambrados, tranqueras, silos, corrales, sistemas de riego, bombas de agua, generadores y paneles solares.

En cuanto a las penas, el texto establece entre dos y ocho años de prisión para determinados daños que afecten directamente el ciclo productivo agropecuario, junto con multas económicas de entre tres y doce veces el valor del perjuicio causado.

Las sanciones podrán alcanzar los 10 años de prisión cuando se presenten circunstancias agravantes, como la actuación coordinada de tres o más personas, la pérdida total de la producción o la interrupción del ciclo productivo.

Por otra parte, se propone una pena de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a impedirlo. En determinadas circunstancias, el máximo podrá elevarse a dos años.

Un reclamo del sector agropecuario

La aprobación representa un avance legislativo en torno a un reclamo de sectores vinculados al campo, que sostienen la necesidad de contar con herramientas específicas para proteger la producción, las instalaciones y la seguridad de las familias rurales.

Tras la votación, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su respaldo a la iniciativa y destacó la importancia de reforzar la protección de los productores y sus bienes.

Sin embargo, la aprobación en Diputados no significa que la iniciativa ya sea ley: el proyecto deberá ser debatido en el Senado antes de completar el proceso legislativo.

Para las zonas productivas bonaerenses, donde la actividad agropecuaria tiene un papel central en la economía regional, el tratamiento de esta propuesta constituye un tema de interés para productores y trabajadores rurales.

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